Fiscalización y persistencia
Capítulo 6
Simulación de frascos de dióxido de cloro. FOTO: Lorena Riquelme y Sofía Torrejón.
A nivel institucional, la postura de las autoridades sanitarias es unánime.
Se solicitó una entrevista a la SEREMI de Salud Javiera Ceballos Aedo, la cual fue denegada. El equipo de comunicaciones solicitó recibir las preguntas por correo electrónico y, tras ello, remitió un documento institucional con las respuestas oficiales.
Estas respuestas no fueron entregadas por la SEREMI, sino por las profesionales Mariángel Vera y Julia Manríquez Burgos, referente regional de Subdepto. de Prestadores y Profesiones Médicas, y profesional de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, respectivamente.
Mariángel Vera García explicó que el MMS/CDS no está autorizado como medicamento ni suplemento, y se considera un producto peligroso cuya comercialización deriva en sumarios sanitarios, decomisos e incluso denuncias al Ministerio Público. Si una denuncia llega a la autoridad regional, se activa una fiscalización en terreno y el producto es requisado de inmediato.
Aunque la normativa vigente permite sancionar su venta, desde la SEREMI reconocen que la proliferación en plataformas digitales exige una coordinación más robusta entre los organismos regulatorios.
“Dada la expansión de estas prácticas en entornos digitales, es necesario reforzar la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública (ISP), el Ministerio Público y otras entidades competentes, para fortalecer la vigilancia y control en plataformas en línea”, agregó.
Protocolo de la SEREMI de Salud
Cuando la SEREMI de Salud recibe una denuncia por venta, promoción o distribución de dióxido de cloro, se inicia un proceso de fiscalización sanitaria en terreno. Si se constata la existencia del producto, este es requisado de inmediato y se levanta un sumario sanitario al responsable. Además, se informa al Instituto de Salud Pública (ISP) y, en caso de detectarse delito, se da aviso al Ministerio Público. Estas acciones buscan proteger la salud de la población y evitar la circulación de productos peligrosos o no autorizados.
SEREMI de salud del Biobío. Foto: Lorena Riquelme y Sofía Torrejón.
En un nuevo correo electrónico se le preguntó a la SEREMI de salud de Ñuble, Michelle De Arcas, si existe una actitud proactiva para monitorear estos canales de venta que proliferan en internet. Al momento de publicar este reportaje, aún no se ha recibido la respuesta.
En nombre del ISP, Martha Parada a través de un correo, señaló la importancia de informar sobre el tema, ya que es un medicamento al que se le atribuyen propiedades milagrosas que no han sido comprobadas, y el clorito de sodio no ha demostrado ser seguro para el consumo humano.
Sobre eventuales intoxicaciones, Julia Manríquez Burgos, Profesional de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de la SEREMI de Salud, aclara que estos casos no se registran en su sistema de vigilancia, por lo que solo quedan reflejados en atenciones de urgencia en hospitales y servicios de salud. Sin embargo, estas cifras tampoco son específicas.
Los casos de intoxicación por MMS pueden ser erróneamente clasificados e ingresados en los registros hospitalarios simplemente como intoxicaciones por cloro. Esto se repitió en múltiples solicitudes de transparencia, que fueron enviadas 29 hospitales y servicios de salud a lo largo del país.
Por ejemplo, la respuesta del Hospital San José de Santiago fue la siguiente: «Se revisa atenciones de egresos hospitalarios y de urgencia, pero los diagnósticos ingresados no tienen el detalle de sustancia solicitada”.
El peligro sigue
Cuando el dióxido de cloro apareció en televisión, hace casi una década, el CNTV no formuló ningún cargo a Canal 13 tras lo sucedido. Pero hoy, cuando existen intoxicaciones registradas, ventas clandestinas activas, testimonios de abandono de tratamiento y niños afectados según el CITUC, esa resolución parece un retrato de otra época. Una donde no se conocía la escala del fenómeno.
A pesar de las advertencias oficiales, la circulación del MMS persiste. El riesgo ya no está sólo en el compuesto químico, sino en las redes que lo sostienen: comunidades digitales que legitiman su uso, dinámicas de confianza que desplazan la medicina formal y un mercado informal que opera sin trazabilidad, sin regulación y sin responsabilidad frente a sus consumidores.
Las autoridades sanitarias coinciden en que no existe evidencia de su beneficio terapéutico y, aun así, la demanda se mantiene estable, alimentada por testimonios personales y la facilidad con que se puede adquirir y preparar el producto.
Las advertencias del ISP o de la SEREMI pueden ser claras, pero no compiten con un testimonio de redes sociales donde alguien asegura haberse curado. Nada indica que su circulación se detendrá en el corto plazo. Para algunos expertos, el punto de inflexión llegará únicamente cuando el daño sea imposible de ignorar.
El químico Víctor Campos lo resume de forma directa:
Por $17.000 pesos, entrega a domicilio y sin controles, cualquier persona puede adquirir una sustancia prohibida y prepararla en su casa. Mientras existan vendedores, mientras exista demanda, mientras existan testimonios, el mercado seguirá funcionando.
